Cada día del primer semestre de este año se ejecutaron en España 317 desahucios, un drama social que este viernes desbordó la indignación ciudadana con el segundo suicidio en 15 días. Amaya Egaña, una ex-concejal socialista de 53 años, se lanzó al vacío desde su casa en Barakaldo (Bizkaia) mientras la comitiva judicial subía la escalera para echarla de allí. Sobre la vivienda de esta familia a la que todos los vecinos consultados consideran absolutamente normal, “como tantas”, y muy educada, pesaba un crédito hipotecario de La Caixa que había asumido Building Center, firma inmobiliaria creada por la caja catalana. La deuda pendiente cuyo impago llevaba al desahucio no llegaba a los 214.000 euros —en concreto, 164.323 euros de principal y otros 49.300 de intereses.
No había recurrido al apoyo de la asociación Stop Desahucios en Bizkaia, cuyos responsables intentaban confirmar aún anoche si fue suya la llamada telefónica de una mujer muy nerviosa que uno de sus miembros recibió en la noche del jueves.
La situación que estamos viviendo no es lógica, bueno, lo es para aquellos que carecen de moral y siguen enriqueciéndose a costa de recortar derechos básicos a los ciudadanos de esta sociedad supuestamente tan democrática como el derecho a una vivienda digna; y mi pregunta es ¿hasta cuándo podremos aguantar? Amaya Engaña expulsó ya su último aliento y nuestra labor es hacer revivir todas esas causas para que no sean en vano, para revindicar la situación de miles de personas como Amaya y luchar contra un sistema que se ha olvidado ya hace muchos años de las personas basado en el individualismo, materialismo y enriquecimiento personal. La gran desesperación que sentimos los ciudadanos es que nuestros representantes políticos, encargados de velar por nuestros intereses, son puras marionetas de este sistema: no nos escuchan , nos ridiculizan y nos intentan engañar con medidas incapaces de resolver los problemas reales . Hay que hacer lo posible para que la memoria de Amaya Engaña y de todas las personas que están sufriendo por esta inhumana crisis no perezcan en vano.
Después de varios años revindicando esta situación por parte de los movimientos sociales y sobretodo por la presión ejercida sobre los jueces (responsables de dictaminar sobre cada caso de desahucio) y políticos, tras dos suicidios (involucrados con desahucios) los miembros del gobierno han tenido que redactar un decreto ley para por lo menos frenar esta insufrible situación. Aunque sigue sin ser suficiente para solucionar un problema que arrastramos de muy atrás y lo mas importante:
¿hay que llegar tan lejos para que los políticos nos escuchen?
Ahí va un resumen de este decreto ley emitido por el gobierno para quien le interese:
Este Real Decreto Ley contiene dos medidas
clave, las más urgentes para atender y paliar las dificultades de los
colectivos de mayor vulnerabilidad:
- Paralización durante dos años de los lanzamientos, es decir, de la fase final de desahucio, que afecten a los colectivos que no superen el nivel de rentas previsto tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Públicos), que en 2012 es de 532 euros al mes, lo que representaría familias cuyos ingresos mensuales no superen los 1.597 euros; en los que se haya producido una alteración significativa de las circunstancias económicas, es decir, cuando la carga hipotecaria se haya multiplicado, al menos, por un 1,5 en los últimos cuatro años; en los que la cuota hipotecaria supere el 50 por 100 de los ingresos netos; en los que se trate de un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad; y, además, se encuentren en alguna de estas circunstancias:
- Ser familias numerosas de acuerdo con la definición en la legislación vigente,
- Constituir una unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo,
- Ser familias con algún menor de tres años,
- Tener a su cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33 por 100 o dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral,
- Ser deudores en paro y sin prestación por desempleo,
- Constituir unidades familiares en las que convivan en la misma vivienda una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral,
- Estar en algunos supuestos de violencia de género.
- Creación urgente de un Fondo Social de Viviendas, con un parque de viviendas destinadas al alquiler con precios bajos para personas que han perdido su vivienda.
Más medidas en la tramitación parlamentaria
Además, el Gobierno, en la consiguiente
tramitación parlamentaria, abordará otros asuntos que deberían formar parte de
la Ley consecuencia de este Real Decreto Ley.
En primer lugar, el establecimiento de nuevos
umbrales para la aplicación del Código de Buenas Prácticas, para poder entrar
en procesos de reestructuración de la deuda, de quita o, en su caso, de dación
en pago.
Asimismo, se mejorarán aspectos relacionados
con las subastas y con los intereses de demora, mecanismos para dar mayor
independencia a las sociedades de tasación frente a las instituciones bancarias
a la hora de tasar la vivienda, la posibilidad de establecer límites en las
compras de vivienda habitual para evitar de cara al futuro el sobreendeudamiento
o mecanismos para evitar cláusulas abusivas en las negociaciones hipotecarias.
